Ley General de Aguas busca privatizar el agua de los mexicanos


Legisladores de oposición señalan que esta ley permite que la iniciativa privada controle el vital líquido.

Mientras la Tribu Yaqui lucha por el agua de su territorio y la disposición de agua va disminuyendo, la Cámara de Diputados da la última puñalada al país en la materia: aprobar la Ley General de Aguas que no garantiza el derecho humano al vital líquido.

En sesión permanente de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, se recibieron 31 votos a favor a la iniciativa, por parte de los legisladores de los partidos PRI, PAN y PVEM. Mientras tanto aquellos de Morena y PRD abandonaron la discusión sin siquiera registrar abstinencia o voto en contra.

La actitud de los partidos de oposición se debe a la premura con que se trató el tema, pues recibieron el dictamen apenas dos horas antes de iniciar la reunión. Además, por su contenido y características, acusaron a la Ley General de Aguas de ser privatizadora, ya que considera al agua como una mercancía, no como un derecho humano — el derecho básico más violado de todos.

El dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”
Esta iniciativa significa “la privatización del sector” porque si bien “la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”. —Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT)

Además los legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles fue presentado directamente de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no fue elaborado por los legisladores.

Por su parte la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) demanda a los diputados a discutir con la sociedad la iniciativa; exigen respeto y garantía al derecho a la consulta pública previa, libre e informada.

Derecho Humano vs. Privatización

Nayeli Roldán, de Animal Político, publica un análisis completo de los puntos pondrían el agua de los mexicanos a disposición de las grandes empresas — lo cual generaría más conflictos, como vive la tribu Yaqui, más concesiones y más casos de privatización, hasta preferencia al uso de agua para el fracking. Destacamos lo siguiente:

Artículo 8 Entre las causas de utilidad pública están: el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros; el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos; la adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.
Artículo 24 Los estados, los municipios y el Distrito Federal contarán con atribuciones como: estimular y fortalecer las capacidades administrativa, técnica y de gestión, así como la autosuficiencia financiera, de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; certificar, incentivar y promover la profesionalización, especialización, tecnificación, calidad, autosuficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Artículo 116 Define al trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
Artículo 129 Para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. La Comisión podrá celebrar contratos de obra pública y servicios. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
Minimo Vital De acuerdo con la ley, el consumo personal y doméstico para cubrir las necesidades básicas se fija en 50 litros diarios por persona – aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se necesitan ente 50 y 100 litros de agua diarios por persona para garantizar el derecho humano al agua.

Demandas de Organizaciones Civiles

Dada a la situación vivida en la reunión, el dictamen fue aprobado por unanimidad por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y pasa hoy al Pleno de San Lázaro para ser discutido y aprobado.

Ante esto, los legisladores de oposición recuerdan las demandas de las organizaciones civiles, reunidas en COMDA, sobre los puntos que deberían encontrarse en la ley para garantizar el derecho al agua a todos los mexicanos, incluyendo a aquellos que más lo necesitan.

No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica. — Diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD)

Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenasy el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua.
Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.
Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.
Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.
Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.
Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.
Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.
Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por 5 años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.
Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.

Queda clara la intención de las autoridades, de generar dinero a costa de un derecho humano: el agua. Para alcanzar esa autosuficiencia, lo más seguro es que los precios suban; si se privatiza el sistema de agua potable y alcantarillado, lo mismo.

Mientras tanto queda la incertidumbre de a quién le darán prioridad: a la gente más necesitada de agua, aquellos grupos vulnerables o a las grandes empresas que necesitan agua para actividades como el fracking, la energía eléctrica o simplemente llevarlo a otra ciudad donde “lo necesiten más”. Urge una consulta pública.

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